¿Por qué sólo 15 salarios de exención para jubilados y pensionados?

En la iniciativa original aprobada por los diputados se proponía que se exentara del pago del ISR a los jubilados y pensionados hasta por 25 salarios mínimos, sin embargo en la cámara de senadores se decidió reducirla a 15, al retornar la revisión y aprobación por parte de la cámara de diputados, existían dos alternativas :

1.- Que los diputados insistiéramos en los 25 salarios mínimos y retornara nuevamente al senado, haciendo que no pudiera entrar en vigor este beneficio.

2.- Aceptar los 15 salarios mínimos y turnarlo al ejecutivo para su publicación en beneficio de millones de jubilados y pensionados.

Con esta medida se beneficia a más de 3 millones de jubilados y pensionados del Seguro Social, a más de 700 mil del ISSSTE y a más de 75 mil militares retirados que perciben menos de 28 mil pesos mensuales producto de su jubilación o pensión. Por este concepto la federación dejara de recibir 3,600 millones de pesos por concepto de dicho impuesto.

En el caso de Quintana Roo menos del 1% de los jubilados y pensionados reciben mas de 15 salarios mínimos o un aproximado de 28 mil pesos mensuales.

Seguro de daño a terceros obligatorio y más económico para carreteras federales.

Mexico, D.F. a 28 de marzo del 2012 .- El Diputado Federal por el estado de Quintana Roo, Luis García Silva, informo que el día de hoy aprobaron reformas a la “Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal” en materia de seguros a terceros. Con lo que todo vehículo motorizado y los remolques que arrastren, que transiten en vías, caminos y puentes federales, estarán obligados a contar con un seguro que garantice a terceros los daños que pudieran ocasionarse en sus bienes y personas.

El propietario o conductor de un vehículo que no tenga un seguro contratado y vigente que garantice al menos, daños a terceros, podría ser acreedor por parte de la policía federal de una multa de 20 a 40 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Así mismo la reforma establece que el propietario contara con un periodo de 45 días naturales posteriores a la infracción, para la contratación de la póliza de seguro con la empresa aseguradora de su preferencia, misma que al presentarla ante la autoridad recaudatoria durante el término anterior, le será cancelada la infracción.

Puntualizo, que esta reforma estará vigente 12 meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, termino en el cual el Ejecutivo Federal deberá haber expedido las disposiciones reglamentarias correspondientes, como los montos mínimos de cobertura a daños a terceros que deberá cubrir la póliza. 

Comento que el objetivo principal de esta reforma es que los usuarios de las carreteras federales cuenten con un seguro vehicular que otorgue la tranquilidad y certeza de que, de algún modo, la responsabilidad para enfrentar los hechos se vea compensada por la actuación de una institución de seguros, y dicha confianza aplica para todos los implicados en el hecho.

Finalmente el legislador federal dijo, que haciendo un análisis de derecho comparado, actualmente hay figuras similares en todo el mundo que aseguran que la actividad de conducir un vehículo cubra los riesgos por dicha actividad, y resulta obligatorio contar con él, ya que los beneficios potenciales son mayores que el costo o la prima que se paga por el seguro, y se debe considerar que aumentar la mutualidad, es decir, sujetos o riesgos asegurados, el costo de la prima tiende a bajar ante la demanda y oferta generalizada que se garantiza con la obligatoriedad. Puntualizo que de acuerdo con los datos publicados en los Anuarios 2010 y 2011 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se tiene registrado que el número de accidentes en carreteras de jurisdicción federal asciende a 29 mil 596 accidentes, los cuales registraron pérdidas por daños materiales por un total de mil 519 millones de pesos y un saldo de 31 mil 667 lesionados y 5 mil 31 fallecimientos.

Tarifas eléctricas mas justas definidas por el Congreso de la Unión, no por la SHCP

Luis García Silva, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica fundamentada en la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país la estructura tarifaria ha evolucionado conforme a la demanda del servicio con la intención de dar una mayor gama de opciones a los distintos segmentos de la población y de esta manera se ha pretendido, sin éxito, establecer un precio justo para cada usuario en función a la energía demandada, tensión, temperatura y tipo de servicio. Es así que hoy en día existen 33 tarifas eléctricas, las cuales se clasifican en domésticas, servicio público, riego agrícola y servicios.

El procedimiento actual para fijar las tarifas eléctricas a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha generado distorsiones e irregularidades que afectan directamente a la economía del consumidor mexicano. La estructura de las tarifas eléctricas no es óptima ni eficiente; por tanto el bienestar económico de la población se ve gravemente afectado.

Bajo este contexto, la Comisión Federal de Electricidad realiza transacciones internacionales para la venta de energía eléctrica a países como Estados Unidos de América. Cabe mencionar que en el estado de Texas la tarifa por parte de empresas privadas que generan utilidades y no tienen acceso a subsidios proporcionan tarifas residenciales de 0.11 dólares por kilowatt/ hora, 1.43 pesos mexicanos (tipo de cambio 13 pesos por dólar) cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece una tarifa residencial de 2.55 por kilowatt/ hora. Sin existir pretexto de lo altas de estas tarifas debido al subsidio que se da a consumos mínimos de verano, ya que dicha empresa paraestatal recibe 266 mil millones de pesos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación para solventar estos subsidios.

Debemos destacar que la CFE manifiesta constantemente en sus spots publicitarios a lo largo del territorio nacional ser “una empresa de clase mundial”, la cual proporciona tarifas eléctricas por debajo de las tarifas internacionales, pero es de llamar la atención que países a los cuales esta empresa les suministra energía eléctrica en la modalidad de alta tensión puedan proporcionar a través de empresas privadas tarifas significativamente inferiores comparadas con las tarifas que se manejan en nuestro país.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la encargada de determinar los factores mensuales de ajuste aplicados a la tarifa del servicio eléctrico, estos incrementos tarifarios que se viven en todo el país son constantes, para su determinación según la SHCP se toman como referencia la inflación y los precios internacionales de los principales combustibles utilizados para la generación de electricidad, como el gas natural, carbón, combustóleo y diesel, impactando de manera significativa a la clase media de nuestro país, de modo que hay que ajustar, modificar y reestructurar las tarifas eléctricas evitando así que exista desigualdad en las tarifas para las diferentes clases sociales y sectores productivos.

Como consecuencia, se requiere generar fiabilidad y transparencia en la regulación de tarifas y costos, de tal manera que la política de energía eléctrica debe ser regulada por un órgano rector que tenga representación popular como lo es la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, esto con el fin de que las modificaciones en las tarifas estén regidas por las condiciones socioeconómicas de la población mexicana sin perder la sustentabilidad financiera de la CFE.

Se requieren plantear modificaciones de fondo y forma para detener los cobros y aumentos indiscriminados derivados del servicio de energía eléctrica, con la finalidad de establecer reguladores independientes para proteger los intereses de los consumidores mexicanos, garantizando así precios razonables y competitivos con nuestros socios comerciales del Tratado de Libre Comercio (TLC) a través del honorable Congreso de la Unión, de esta manera se garantizará el derecho a la electricidad con tarifas eléctricas justas.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, que presento ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Artículo Primero. Se reforma la fracción VII del artículo 12 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 12 La Junta de Gobierno deberá:

I. a VI. ...

VII. Proponer , en su caso, la reestructuración tarifaria;

VIII. a XII. ...

Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo al artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo Tercero. Se reforman el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Economía, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, definirá la propuesta de tarifas a presentar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá proponer a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión las tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2012.

Diputado Luis García Silva (rúbrica)

No más negocio para particulares, si la CFE tiene capacidad de producir la energía eléctrica a un menor precio.

Luis García Silva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, fundamentada en la siguiente

Exposición de Motivos

La industria eléctrica nacional ha llevado a cabo un conjunto de debates relativos a sus problemas estructurales y tarifarios y a la forma y condiciones de propiedad más convenientes para su solución, así como para lograr su plena modernización.

A fin de potenciar, fomentar, incentivar y regular las prácticas para el aprovechamiento de este recurso, en 2000 se reformó la ley a fin de que particulares puedan vender energía eléctrica únicamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, se establece que a través de la licitación pública la CFE dé oportunidad a que empresas privadas, en este caso que productores independientes generen energía y así venderla a la CFE.

Como resultado, la iniciativa privada ha mostrado interés en participar en dicho proceso de modernización ya que la gran demanda de energía eléctrica ha generado una garantía en rentabilidad para dicho sector.

El problema surge debido a que la CFE pierde competitividad cuando tiene que adquirir energía eléctrica a tarifas más altas que las de sus propios costos de producción, sobre todo cuando esta misma empresa tiene la capacidad para hacerlo.

Tan sólo en 2010 el costo de energía eléctrica adquirida a los productores independientes resultó 29 por ciento mayor respecto al de la generada por la CFE.

Tomando en cuenta que actualmente el factor interno que repercute severamente al sector eléctrico es el alto costo de la energía adquirida a terceros pagado por parte de la CFE, debido a la falta de regulación en los límites de las tarifas para la adquisición del suministro de energía, proveniente de inversiones privadas en el sector eléctrico mexicano, que implican hoy en día altos costos de adquisición.

En esas condiciones, la CFE compra a precios altos energía eléctrica con la que abastece a los estados. Como consecuencia, la infraestructura de la CFE se mantiene alrededor de 50 por ciento de su capacidad de generación, teniendo reservas de más de 25 por ciento. De 2000 a 2009, la CFE erogó un promedio 30 mil millones de pesos anuales para compra de energía eléctrica provenientes de empresas privadas, y desde 2010 a la fecha eroga 60 mil millones de pesos anuales, es decir, el doble de lo que se venía erogando comparada con los años anteriores.

Por ello, tan sólo en los últimos 3 años la CFE ha erogado 180 mil millones de pesos en compra de energía eléctrica a empresas privadas, cuando le habría costado 140 mil millones de pesos producirla.

Por los antecedentes marcados, y al tener los contratos con las compañías privadas de muy largo plazo, se deben buscar opciones para lograr disminuir al máximo las erogaciones por la CFE, siendo una de las alternativas el regular el precio máximo al que puede adquirir ésta.

La importancia de esta iniciativa radica en que se busca mantener la energía eléctrica a precios competitivos con la energía adquirida de los particulares, estableciendo parámetros de tarifa máxima, con el objeto de contribuir a la eficiente conducción del desarrollo nacional, nunca siendo ésta mayor que los costos promedio de producción de la CFE.

Por todo lo expuesto y fundado, presento ante la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo de la fracción IV del artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 36 Bis. Para la prestación del servicio público de energía eléctrica deberá aprovecharse tanto en el corto como en el largo plazo la producción de energía eléctrica que resulte de menor costo para la Comisión Federal de Electricidad, considerando para ello las externalidades ambientales para cada tecnología, y que ofrezca además óptima estabilidad, calidad y seguridad del servicio público, a cuyo efecto se observará lo siguiente:

I. a III. ...

IV. Los términos y condiciones de los convenios por los que, en su caso, la Comisión Federal de Electricidad adquiera la energía eléctrica de los particulares, se ajustarán a lo que disponga el reglamento, considerando la firmeza de las entregas, pero por ninguna circunstancia las tarifas de energía eléctrica pactadas por pagar podrán ser mayores que el costo promedio de producción de la misma Comisión Federal de Electricidad ; y

V. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2012.

Diputado Luis García Silva (rúbrica)

Garantizar la contratación de energía eléctrica sin costo para las clases populares

Luis García Silva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, fundamentada en la siguiente

Exposición de Motivos

Doctrinalmente se conoce el servicio público de energía eléctrica como un conjunto de actividades organizadas que pretenden mantener de forma continua y regular los requerimientos presentes y futuros de electricidad para la población mexicana, asegurando de esta manera energía eléctrica con importantes estándares de calidad y siempre manteniendo costos accesibles. Llevada a la práctica, muchas veces esta definición no sólo fracasa sino que carece de veracidad.

La Comisión Federal de Electricidad como dependencia descentralizada abarca una serie de rubros importantes, como la responsabilidad de abastecer la electricidad necesaria para sostener en forma colectiva y uniforme las necesidades de todos los habitantes del país, siempre en términos de lograr la equidad social.

En esta dependencia se prevé el compromiso del Estado de instaurar con medios propios, desarrollar y ampliar el sistema eléctrico, manteniendo las condiciones técnicas y económicas compatibles con el interés general.

La obsolescencia e insuficiencia de la infraestructura de esta paraestatal es un grave problema que hoy afecta considerablemente la transmisión y distribución de energía, recayendo este problema en los consumidores.

Por la razón anterior, los mismos particulares se ven en la necesidad al momento de contratar el servicio eléctrico de realizar inversiones en infraestructura a favor de la institución.

La mayoría de los costos de abastecimiento del servicio se relacionan profundamente con el nivel de tensión de energía eléctrica. Asimismo, el interesado para satisfacer el consumo eléctrico debe cubrir cargos extra por infraestructura de transmisión y distribución de energía eléctrica.

La CFE no debe generar cobro alguno al usuario por los servicios mencionados cuando éste sea contratado por consumidores que se encuentren a distancias razonables de la red de baja tensión y en los rangos de consumo de las clases mas necesitadas del país.

La energía eléctrica no es en ningún caso un lujo; es un derecho y una necesidad básica para las familias mexicanas. Resulta en un alto impacto social para las clases más necesitadas que adicionalmente a las altas tarifas se les exija en ocasiones cubrir la inversión en infraestructura responsabilidad de la empresa proveedora.

Si bien la presente iniciativa no pretende que la CFE absorba los gastos en infraestructura de medianos y grandes consumidores, tampoco debe permitirse que dicho equipamiento tenga un costo para las clases sociales más necesitadas, que lo único que requieren es un suministro mínimo de energía eléctrica.

Las estadísticas señalan que un usuario residencial de clase media baja de la Cuidad de México consume en promedio 420 kilovatios por hora en un bimestre el cual abarca los servicios básicos para una vivienda. Por tanto, se busca que la CFE asegure el servicio de energía eléctrica para consumo residencial hasta por dos veces el consumo promedio anteriormente mencionado y una distancia máxima de doscientos metros entre el poste o registro de la red de baja tensión existente, sin tener que incurrir en costos en infraestructura pública para el contratante.

De esa manera se asegurará que los consumidores más necesitados obtengan el servicio de energía eléctrica de calidad y sin costos por infraestructura responsabilidad de la paraestatal, garantizando en todos los casos un recurso vital para la población.

Por todo lo expuesto y fundado presento ante la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 25. La Comisión Federal de Electricidad deberá suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, con excepción de los casos en que el solicitante no requiera más de 840 kW/h bimestrales de baja tensión y la distancia entre el poste o registro de baja tensión sea menor de 200 metros .

El reglamento fijará los requisitos que debe cumplir el solicitante del servicio, y señalará los plazos para celebrar el contrato y efectuar la conexión de los servicios por parte de la comisión.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2012.

Diputado Luis García Silva (rúbrica)

No tenemos que cuidar los medidores de la CFE instalados en la vía publica y se debe notificar la suspensión del servicio

Luis García Silva, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica fundamentada en la siguiente

Exposición de Motivos

La actividad de las entidades públicas como la que presta servicios de suministro eléctrico comprometen los derechos a la legalidad, a la igualdad, así como derechos de seguridad jurídica, a un medio ambiente sano, al desarrollo y a la información.

Como instancia pública, la CFE tiene la misión de garantizar a la población el suministro de satisfactores básicos mediante la producción y distribución de energía eléctrica, en especial cuando es la única autorizada en el país para proveer dichos servicios.

En México, el corte inmediato de servicio de energía eléctrica por diversas razones, regulado en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, es un problema que día con día enfrentan miles de mexicanos que se quedan sin recibir el servicio eléctrico, ya sea por omisión, olvido, por suspensión injustificada del suministro o por una falla en la logística de entrega del recibo, además del incumplimiento o tardanzas en la reanudación del servicio, incurriendo en gastos tanto para el consumidor como para la CFE.

No sólo las personas físicas son objeto de esta suspensión, también lo son negocios y empresas, causando con el corte, problemas con materias primas y tiempo laboral, lo que se traduce en grandes pérdidas económicas; lo cual, en muchos casos se debe a razones no imputables al consumidor.

Un lamentable ejemplo de esto, son los hechos ocurridos el pasado 23 de Enero del presente año, en el que sin previo aviso la CFE cortó el suministro de energía al Hospital Manuel Campos en el estado de Campeche, ocasionando que dos recién nacidos que se encontraban en incubadoras, al momento del traslado a otro hospital, fallecieran.

Aquí la necesidad de legislar en cuanto a parámetros mínimos para realizar avisos previos al corte de energía eléctrica, evitando así esta clase de sucesos.

Jurídicamente, la ley nos marca claramente el deber por parte de la Comisión Federal de Electricidad de notificar previo al corte de servicio; sin embargo, es omisa en cuanto al procedimiento y a tiempos de aviso de corte, utilizando la misma fecha del límite de pago en el recibo correspondiente a manera de notificación que por ley la CFE está obligada a realizar, derivado de ello, podría generarse al mismo tiempo que se realiza la suspensión, lo cual deja en total estado de indefensión al cliente de la CFE.

Adicionalmente debe tenerse presente que, las fallas en los medidores de consumo son imputables a la propia empresa proveedora del servicio, ya que los instrumentos de medición son propiedad de la CFE, además de ser instalados por ésta en la vía pública, haciendo incongruente la posibilidad de responsabilizar de su buen funcionamiento y cuidado al consumidor; por consiguiente, el funcionamiento o estado del instrumento de medición, no debe ser en ningún caso motivo de suspensión del servicio o responsabilidad para el consumidor.

Asimismo, se deja abierta la posibilidad de que la CFE pueda incluir en el recibo correspondiente al siguiente periodo los gastos generados por dicha notificación siempre y cuando haya sido necesaria su realización.

Es clara la intención de la presente iniciativa, de querer proteger al consumidor del servicio; por tanto, con la reforma al segundo párrafo del artículo 26 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, se pretende reducir de manera significativa el gasto de tiempo y dinero que realiza una persona, empresa o negocio, teniendo la oportunidad en un plazo no mayor a 48 horas, satisfacer el pago correspondiente o recurrir a las instancias pertinentes a su favor, evitando los problemas y gastos que se tienen a la hora de realizar la suspensión y reinstalación del servicio tanto por parte del consumidor como de la CFE.

Es por lo expuesto y fundado, que presento ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo Primero. Se reforma párrafo segundo y adiciona párrafo tercero y cuarto del artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 26. La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes casos:

I. a VI. ...

En cualesquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Federal de Electricidad procederá al corte inmediato del servicio, sin requerirse para el efecto intervención de autoridad. En los supuestos a que se refieren las fracciones I, III y IV que anteceden, se deberá dar aviso con un mínimo de 48 horas previo al corte. Aplicando para tal efecto el hecho de dejar una notificación en el domicilio correspondiente e independiente al recibo de consumo.

La Comisión Federal de Electricidad podrá aplicar cargos en el siguiente recibo, por concepto de notificación, cuando esta haya sido realizada posterior a la fecha límite de pago de recibo correspondiente.

No podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica cuando la razón sea el mal funcionamiento de cualquier dispositivo de control o medida, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, que se encuentre instalado por esta en la vía pública.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2012.

Diputado Luis García Silva (rúbrica)

Ya no más energía eléctrica gratuita para empleados de la CFE

Luis García Silva, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica,fundamentada en la siguiente

Exposición de Motivos

Las actuales prestaciones de las que goza el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) presentan diversas anomalías, pues en la relación laboral entre empresas y sindicatos del sector eléctrico existen una serie de prestaciones desiguales y por tanto indebidas.

Cabe señalar que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa que tiene como única finalidad satisfacer los intereses de la colectividad, cumpliendo así las atribuciones propias designadas por el Estado, y tiene la obligación de acuerdo a las disposiciones conferidas en la ley, como cualquier otra empresa, de realizar una compensación adecuada a través de prestaciones que retribuyan las actividades del trabajador.

En el contrato colectivo de trabajo que celebra el SUTERM con la CFE para sus trabajadores sindicalizados, ya sea de base o de confianza, se estipula una prestación pactada con su sindicato desde 1974, respecto al consumo de energía eléctrica que subsidia para los empleados de esta empresa que está fijado hasta en 350 kilovatios hora, aludiendo también a que si el trabajador no rebasa dicho consumo, el patrón estará obligado a regresarle el dinero restante de la prestación, en razón de un centavo por kilovatio hora.

Esta prestación es indebida, principalmente por un principio de igualdad laboral, además de generar un impacto excesivo en los costos de la CFE.

Como se estipula en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, las prestaciones son parte integral del salario, debiendo ser igualitarias para los trabajadores que desempeñen un mismo cargo o función; sin embargo, la prestación descrita en el párrafo anterior difiere entre los trabajadores por motivo de sus hábitos de consumo de energía eléctrica, en donde la CFE trata de justificar la igualdad de la prestación bonificándole al trabajador el consumo que no hubiese utilizado, otorgándole un valor simbólico y ridículo mucho menor al que inclusive es su costo de producción. Lo anterior justifica la desaparición o sustitución por un bono salarial de la prestación en mención, y de esta forma tener mayor transparencia y equidad en las prestaciones de la CFE hacia sus trabajadores.

Debemos de tomar en cuenta que actualmente existen alrededor de 64 mil electricistas afiliados al SUTERM y que cada uno recibe energía hasta por 350 kilovatios hora al mes gratuitamente.

De esta manera, se torna complicado cuantificar su impacto real en los costos de la CFE debido a que no se tiene un control de cuántos trabajadores usan menos de los 350 kilovatios hora; además de la forma en cómo se les bonifica de manera simbólica a razón de un centavo por kilovatio.

Nuestra sociedad tiene la percepción de que los trabajadores de la CFE consumen energía eléctrica por encima del límite de la prestación a la que hacemos alusión y que no se realiza pago alguno por el excedente, puesto que los mismos trabajadores de la CFE son los generadores, auditores y consumidores de la energía eléctrica.

Se pretende con esto desaparecer una prestación que no se encuentra relacionada a ningún índice productivo o escalafón de los trabajadores, además de que es desventajosa e incongruente con la transparencia y productividad de la empresa.

Es de vital importancia resaltar para efectos de la presente iniciativa, que se busca fortalecer el principio de equidad en las prestaciones laborales, transparentarlas y evitar la posible simulación de las mismas.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado que presento ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo Único. Se reforma la fracción IX del artículo 12 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue:

Artículo 12. La Junta de Gobierno deberá:

I. a VIII. ...

IX. Conocer sobre las peticiones que formulen los trabajadores sindicalizados de la institución sobre revisión de contrato colectivo de trabajo, teniendo en cuenta la situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad, quedando excluidas y prohibidas aquellas que proporcionen condiciones preferenciales en instalaciones, infraestructura o de tarifas para los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad;

X. a XII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2012.

Diputado Luis García Silva (rúbrica)

PEF2012 positivo para Quintana Roo, Luis García Silva

Mexico DF 15 de noviembre de 2011.- El diputado federal, Luis García Silva, confirmo que el día de hoy, aprobaron en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, con un incremento para Quintana Roo de aproximadamente un 7%, equivalente a unos 1,000 millones de pesos en referencia a los 13,900 millones de pesos autorizados en el 2011.

Dentro de las obras aprobadas están 250 millones de pesos para la modernización y ampliación de la carretera conocida como la ruta corta a Mérida, desde el entronque cercano al poblado Pedro Antonio Santos en el municipio de Bacalar, hasta el poblado de Dzuiché municipio de José María Morelos, pasando por comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Esta acción tendrá un impacto sobre los 4 municipios del sur de nuestro estado, tanto por la inversión y generación de empleos, como por el mejoramiento de una vía de comunicación altamente utilizada para el comercio, agricultura, turismo, educación y servicios médicos de mas de 350mil quintanarroenses, así como para mejorar la interconexión de la península de Yucatan con Centroamérica.

También quedo incluida la continuación de la modernización de la carretera la Ucum - La Unión en el municipio de Othon P. Blanco, con 50 millones de pesos, la cual en su primera etapa a demostrado traer seguridad a los usuarios, hacer mas competitiva la transportación de productos agropecuarios, y el fortalecer la naciente actividad turística en la zona.

Otra obra incluida en el distrito del diputado García Silva, es el Libramiento de Felipe Carrillo Puerto con 74 millones de pesos, lo que permitirá mayor seguridad para los habitantes de la cabecera municipal, y eficiencia para los usuarios de la carretera Chetumal - Cancún.

Y en Bacalar la construcción del Palacio Municipal con 21 Mdp, y la construcción del parque de los sentidos con 8 Mdp.

Otras obras en el estado que quedaron incluidas en el presupuesto son: El acceso a Cancún km 292 de la carretera Mérida - Cancún a la avenida López Portillo y embarcadero de Isla Mujeres con 200 millones de pesos, la ampliación del Arco Bicentenario en Cancún con 90 millones de pesos, y el libramiento de Tulum con 90 millones de pesos. Ademas, los rubros de Agua con 350 Mdp, Ciencia y Tecnología con 8 Mdp, Cultura con 50.6 Mdp, Educación con 209.8 Mdp, Fondo Metropolitano de Cancún con 97.5 Mdp, Grupos Vulnerables con 19.5 Mdp, Desarrollo Rural con 168 Mdp, Medio Ambiente con 45.0 Mdp, Caminos Rurales con 106 Mdp, y Salud con 61.3 Mdp. Este ultimo rubro, el de Salud, es el único que tuvo una disminución en comparación con el 2011 donde recibió 129.8 Mdp. lo anterior a razón de que para el 2012 se decidió darle prioridad al equipamiento humano y material de los centros de atención medica en todo el país incluyendo Quintana Roo, en lugar de la construcción de nuevos hospitales.

Dijo que la situación en infraestructura de salud se puede compensar plenamente con un fondo de 20mil millones que aprobaron, a través del cual el estado de Quintana Roo tendría acceso a 237 millones de pesos para proyectos adicionales.

Ademas que a diferencia del 2011, el estado recibirá 304 millones de pesos provenientes del IEPS a través de la Ley de Ingresos de la Federación.

Menciono que a pesar de que las condiciones económicas son adversas y que el presupuesto de ingresos estaba muy limitado, el saldo para Quintana Roo es positivo, sobre todo si consideramos lo asignado para el 2011, y que el ejecutivo federal había considerado para Quintana Roo tan solo 12,550 millones de pesos para el próximo año. Comento que el mayor crédito de este logro lo tiene el Gobernador del Estado, Roberto Borge Angulo, ya que el ser diputado federal con licencia de la actual LXI legislatura, le permitió como gobernador un excelente nivel de comunicación y negociación con sus excompañeros diputados presidentes de las diferentes comisiones, y coordinadores de los grupos parlamentarios.